"En nuestro país, está claramente establecido que el gobierno no puede promover ni establecer religión alguna. Sin embargo, constantemente la legislatura intenta otorgar privilegios a sectores religiosos", indica el comunicado de los humanistas.
Aseguran que es así en la medida presentada por el representante Ángel R. Peña el 26 de abril de 2012: “Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a ceder por el valor nominal de un dólar, a la Iglesia Asamblea de Dios, la parcela de terreno ubicada en el Barrio Valenciano Abajo del término municipal de Juncos, con una cabida de mil seiscientos ochenta y seis metros cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados de otra, equivalentes a cuatro mil doscientos noventa y dos diez milésimas de cuerda”.
"Exigimos que el gobierno prepare un listado exhaustivo de todas las propiedades del pueblo de Puerto Rico y/o de agencias gubernamentales que han sido cedidas a iglesias, con qué alegado fin fueron cedidas y si alguna organización secular sin fines de lucro ha tenido la misma dicha, de obtener con el dinero de contribuyentes y en clara violación a la prohibición de establecimiento de religión alguna los mismos beneficios y a cambio de qué. Es un secreto a voces el asunto del repartido de listas, desde el púlpito de algunas iglesias, con nombres de candidatos por quien votar y por quien no", expresan los humanistas en el comunicado.
Aseguran que además han recibido información de escuelas públicas dónde se pretendía realizar actividades "de corte puramente religioso" por la Cuaresma y sobre municipios que patrocinan actividades y hasta conciertos religiosos. También señalaron como el hecho mas reciente el protagonizado por la alcaldesa Glorimari Jaime, quien habría declarado que la división entre iglesia y estado es un error y que actúa en clara violación a la Constitución e impunemente.
Defendieron que como entidad secular que reúne a ateos, agnósticos y librepensadores, a pesar de los prejuicios y estigmas existentes contra la población no creyente, HUSE no busca prohibir la religión, sino fomentar una sociedad puertorriqueña donde se respeten los derechos de todos sus ciudadanos, incluyendo las minorías, y en la que los políticos y gobernantes utilicen el sentido común y la razón, no los intereses especiales de ciertos grupos religiosos.
"El principio de separación iglesia y estado esta íntimamente ligado a la libertad de religión, y las iglesias deberían ser las primeras en exigir el cumplimiento de esta doctrina porque su libertad de culto depende precisamente de que no se imponga o no se le de trato preferencial a ninguna otra. Podemos todos y todas empezar a arreglar nuestro país exigiendo que el gobierno respete y haga cumplir nuestra Constitución", insistieron los humanistas seculares.
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