El procesado, un agricultor, estará detenido mientras la Fiscalía reúne más pruebas en su contra, se le atribuyen los delitos de privación de libertad, ocupación armada de poblados -según artículo 6 de la Ley Especial Antiterrorismo- y la portación y conducción de armas de guerra.
Miranda junto con un menor de 17 años -armados con fusiles M-16 y cuchillos de combate- ingresaron al templo mientras los fieles celebraban una vigilia y los obligaron a tenderse en el suelo.
Sin embargo, tras varias horas de negociación con las autoridades, ambos sujetos liberaron a los rehenes y se entregaron a la Policía.
El fiscal del caso, Carlos Figueroa, aseguró ayer que entre las pruebas que se tienen en contra de los imputados están los testimonios de las víctimas, así como los fusiles M16 que utilizaron.
Asimismo, municiones y cargadores de estas armas que fueron encontradas el lunes anterior en un allanamiento que las autoridades realizaron en la casa de los imputados, en San José Guayabal, Cuscatlán.
Según la Fiscalía, Miranda podría ser condenado a una pena máxima de prisión de 30 años por los delitos que se le imputan. Mientras que el menor -cuya audiencia está prevista para hoy en un tribunal de menores de San Salvador- de ser hallado culpable por los mismos delitos podría ser sancionado hasta con 15 años.
Harán prueba psicológica
El día de su detención el imputado aseguró que tenía una hija en prisión y agregó que había privado de libertad a los fieles evangélicos para protestar en contra de las "injusticias" que se dan a diario en las prisiones.
"Hago esto porque hay muchas injusticias en las cárceles. A veces sólo agarran a los personas y no les importan dejar que los niños sufran. Yo tenía las armas en mi casa desde la guerra. Soy agricultor y tengo una hija presa", justificó el detenido.
La Fiscalía dijo ayer que ha solicitado al Instituto de Medicina Legal que a Miranda se les practiquen pruebas psiquiátricas y psicológicas para descartar si padece de alguna enfermedad mental y garantizarle un debido proceso.
Las primeras investigaciones hechas por las autoridades, tras el secuestro de los miembros de la iglesia El Altar de Dios, indicaban que el hecho podría haber sido planificado por una estructura criminal. No obstante, Miranda dijo que él y el menor habían actuado solos, que no pertenecían a ninguna pandilla y que tampoco fue obligado a cometer el secuestro masivo.
El fiscal del caso indicó que, preliminarmente, solo se está atribuyendo el hecho a estas dos personas, pero aclaró que serán las investigaciones las que determinarán si hay más implicados.
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